Santiago de Cali, marzo 7 de 2024.- Desde la Comisión de Plan y Tierras, se anunció la suspensión de la actualización catastral en zona rural por posibles inconsistencias en el trabajo que habría hecho un contratista en el año 2022.

La noticia la hizo la Directora de Hacienda, María Mercedes Prado, ante la citación que hicieran los Concejales Tania Fernández Sánchez y Juan Felipe Murgueitio Bustamante.  

La Concejal Tania Fernández Sánchez, Presidente de la Comisión de Plan y Tierras, denunció que la actualización catastral en la zona rural tiene varias inconsistencia, razón por la cual instó al gobierno distrital a revisar técnicamente el trabajo que se hizo por parte del privado para no cometer arbitrariedades con los moradores de los 15 corregimientos quienes denuncian aumentos de más de 3000%.

“Lo anterior se debe a que la firma Cínteli, pasó de 71 mil predios (en avalúos de $7 billones) 79 mil predios (a nuevos avalúos por $21 billones), lo que nos lleva a cuestionar, qué genera tanta valorización en los corregimientos o cual es el desarrollo que se da en la zona rural”, cuestionó la Concejal Tania Fernández Sánchez.

Según el informe de la Dirección de Hacienda, el contrato con Cínteli se hizo por 81.966 predios que se actualizaron en la zona rural; el 72% (59.161), fue por el método indirecto; es decir, no se visitan, sino que se cruzaron bases de datos, imágenes de sensores remotos, e integración de registros administrativos, algo permite la norma para la actualización. Y el 27.8% (22.805) a través del método directo (se realizaron visitas a estos predios), pero en la práctica la ciudadanía asegura que no se hicieron visitas en el proceso de la actualización catastral.

“Urge saber si para ese 72% se hicieron los vuelos y hay registros de los mismos para aplicar ese método indirecto”; agregó Tania Fernández Sánchez.

Fernández Sánchez, citante del debate, expuso el caso de un predio en el corregimiento La Castilla que pasó de un avalúo catastral de $176 millones en el 2022 a un avalúo de $3.585 millones en 2023. “Este es solo un ejemplo de un predio de 30 hectáreas que está en zona boscosa, que tiene pendientes de más del 25%, riesgo de derrumbes y nacimientos de agua; todas estas características hacen que tenga una serie de restricciones, que no permite construcciones en varias zonas del terreno de acuerdo a la resolución 0258 de 2028 del Ministerio de Medio Ambiente que limitan cualquier tipo de intervención en el predio”.

Desde la Comisión de Plan y Tierras se solicitó revisar desde el gobierno distrital tales avalúos, verificar si la firma cumplió con los pasos técnicos, ir al terreno y confirmar si hay o no los errores que surgen desde la comunidad “y que se convierte en un viacrucis para la zona rural, especialmente para campesinos”. Tania Fernández Sánchez, indicó que de seguro habrá excepciones de parcelación y desarrollo, pero solicitó a la Dirección de Hacienda, “no cerrarse a la verificación”.

El Concejal Juan Felipe Murgueitio Bustamante, expresó que es vital que este gobierno se ponga en sintonía con los ciudadanos especialmente de la zona rural para corregir los errores que hubiese tenido el contratista Sinteli con los moradores de la zona rural. Murgueitio solicitó el contrato de Cínteli, puesto que él no lo habría encontrado en el Secop. Igualmente, precisó que se facilite el acceso a la información de la manera más expedita a los afectados en zona rural, para que el tema se resuelva de la más rápida, teniendo en cuenta que los afectados son campesinos y muchos no tan familiarizados con herramientas tecnológicas.

La directora de Hacienda, María Mercedes Prado Daza, reconoció que desde la Administración existen dudas frente al proceso de actualización catastral en zona rural del año 2022. “Esa base gravable resultante en el año 2022 y aplicable en 2023, están por fuera, porque si hablamos del 3 mil por ciento, estamos por fuera de lo razonable, más sin son estratos 1, 2 o 3”, dijo Prado, quien además sostuvo que el documento que se tiene sobre Cínteli, es el informe de interventoría.  

“Las alertas que se han levantado desde el Concejo Distrital son importantes. Estamos del lado de nuestros contribuyentes, por eso vamos a ir a los 15 corregimientos y para ello tenemos un calendario. Y paralelo a esta actividad, estamos considerando medidas legales que nos permitan suspender temporalmente, la aplicación del resultado del avalúo catastral del 2022 porque este gobierno adelantará un proceso respecto del avalúo catastral”, explicó María Mercedes Prado Daza.

El Concejal Roberto Ortiz Urueña, solicitó a la Directora de Hacienda, responder un derecho de petición que se envió desde esa curul, en relación a los estados financieros del Distrito Especial y el catastro multipropósito. “La situación de la zona rural, es similar a la que comienza a vivir la zona urbana, con cobros excesivos especialmente para la comuna 22 que también demanda revisión y ajustes”, expresó Ortiz Urueña.

Ortiz Urueña, se adelantó a pedir el saneamiento de las finanzas del Distrito de oficio, porque si no se cobró, se debe depurar la cartera.

El Concejal Rafael Andrés Escobar González, dijo que persisten dos riesgos, uno de daño antijurídico, porque si no se corrigen vendrán demandas de parte de los afectados. Las fallas, dice, están en las peticiones, sin importar la cantidad, de ahí que se tendrán que revisar y hacer de nuevo el proceso “y eso traerá un detrimento patrimonial para el Distrito Especial, porque se pagó por algo que no se hizo como correspondía”.